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11 de enero de 2011
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Juzgar y explicar

Algunas decisiones judiciales recientes han resucitado el debate sobre la calidad de la Justicia española, pero lo cierto es que estas polémicas no surgen tanto por su acierto o su ajuste a Derecho, como por las dificultades de la opinión pública para entenderlas. Basta con retroceder algunas semanas para recordar la polémica generada por la decisión de un órgano público de impedir un debate televisivo entre candidatos electorales, la ausencia de medidas cautelares en algunos de los más inexplicables casos de violencia de género, o la imposición de fianzas de baja cuantía a personas acusadas de estafas millonarias. Desde el área de Comunicación y Litigios, debemos ser ortodoxos y afirmar que los medios de comunicación no influyen directamente en las decisiones judiciales. Sin embargo, con frecuencia nos encontramos con informaciones que pueden llevar al público a no comprender las decisiones de los órganos judiciales sobre las diligencias de un caso o sobre su resolución. Hay ejemplos recurrentes en decisiones sobre la prisión provisional, las medidas cautelares, la imposición de fianzas, la calificación de un hecho como falta o delito, la no admisión a trámite por cuestiones formales, etc. Asumiendo que resulta inevitable que algunos casos obtengan la atención de los medios, tanto escritos como audiovisuales, y en paralelo se conviertan en el comentario principal de los foros y redes sociales en Internet, llegamos a la conclusión de que los magistrados tienen un reto adicional a su labor diaria: explicar mejor sus decisiones porque les va en ello la imagen que la opinión pública tenga de la Justicia. Un fallo complejo puede ser una magnífica oportunidad para demostrar las dificultades de administrar Justicia o convertirse en un problema, porque los medios necesitan simplificar la noticia para hacerla comprensible a una opinión pública que normalmente no cuenta con la formación jurídica oportuna y necesita configurar su postura sobre el caso de forma inmediata. El reto no es inalcanzable, pero requiere algunos cambios. Los tribunales están formados por personas de elevada formación en asuntos legales y jurídicos, y en determinadas instancias cuentan también con buenos profesionales del ámbito de la comunicación que ayudan a los medios a realizar su labor. Es asumible que la elevada carga de trabajo de los juzgados y tribunales españoles puede dificultar que se disponga de buenos portavoces. No obstante, la imagen de la Justicia debe ser una prioridad para el sector, porque la reputación de los magistrados es clave para mantener e incrementar la confianza de los ciudadanos en el Estado. Algunas pautas La cuestión planteada no es algo que tenga una solución inmediata, pero sí existen algunas pautas sencillas que ayudarían a mitigar el problema, mejorando la percepción de los ciudadanos sobre la Administración de Justicia.

  1. Ninguna comunicación es independiente del escenario Conviene realizar un buen análisis del escenario informativo en el que se va a publicar una determinada decisión o resolución. Aunque siempre se deben cumplir los plazos del procedimiento, un buen manejo de los tiempos puede ayudar a gestionar mejor las dudas y reacciones que suscitará la publicación, preparando con antelación el enfoque de la explicación e incluyendo respuestas a las preguntas más predecibles.
  2. El propio órgano debe explicar la decisión Especialmente en los casos de mayor notoriedad pública, los órganos judiciales deben convertirse en la principal fuente de explicación de la decisión, y esto exige dos cosas: poner portavoces experimentados a disposición plena de los medios en las horas y días inmediatamente posteriores a la publicación y redactar una versión simplificada (que no simplista) de la decisión o resolución adoptada, más fácil de digerir por la opinión pública.

Lo positivo de esta reflexión es que casi todas las semanas se presentan oportunidades para intentar el cambio, y que nuestros magistrados tienen cada día mejor formación y más sensibilidad hacia estos asuntos. Así, pronto veremos cambios en este ámbito, como continuación del camino de modernización permanente de un colectivo que destina sus esfuerzos a servir a una de las más altas encomiendas posibles: conseguir una sociedad con mayores garantías y mejor Justicia. Puedes leer aquí mi columna de opinión publicada ayer en el diario Expansión, basada en esta misma reflexión. Luis Miguel Peña, Director de LLORENTE & CUENCA en la oficina de Madrid y responsable del área de Comunicación y Litigios  

Acerca de Luis Miguel Peña

En su más de 12 años de experiencia en comunicación, ha colaborado en numerosos proyectos relacionados con la dimensión laboral de la reputación corporativa y ha trabajado en la comunicación de litigios relacionados con distintas ramas del derecho (civil, penal, mercantil, fiscal, etc.). Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y Diploma Internacional en Business Administration por la Universidad de California-Berkeley.
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