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La demanda multimillonaria interpuesta el pasado viernes por la Administración Obama, a través de la Agencia Federal de la Vivienda, no ha pasado desapercibida ni por la prensa económica internacional ni por los más prestigiosos analistas, teniendo en cuenta además que esta demanda se produce vísperas del aniversario de la caída del banco de inversión Lehman Brothers, hito que marcó un antes y un después en el mundo de las finanzas.
El organismo federal de la vivienda demandó el pasado viernes a Bank of America, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, HSBC, Citigroup y otras entidades y grandes grupos financieros (un total de 17 entidades, siete de ellas extranjeras) por provocar pérdidas de 41.000 millones de dólares a Freddie Mac y Fannie Mae, acusándoles de negligencia al calificar títulos hipotecarios y vender a estas entidades prestamistas hipotecas de dudosa calidad. La Administración Obama acusa a los bancos de faltar a su obligación de comprobar la calidad de los activos y, por tanto, de contribuir a inflar la burbuja inmobiliaria y provocar grandes pérdidas al contribuyente. De esta forma, Washington busca un reembolso para limitar las pérdidas al contribuyente.
No es la primera vez que EE.UU se embarca en una acción legal de esta índole. De hecho, se trata de una acción legal por la vía civil muy similar a la que en julio lanzó contra un grupo financiero suizo, en la que reclamaba 900 millones de dólares, anticipando ya el regulador que se seguirían demandas contra otros bancos.
En términos de comunicación, la noticia sobre este litigio ha generado impactos en toda la prensa nacional e internacional, generalista y económica (Expansión, Cinco Días, El País, The Wall Street Journal). Sin embargo, las reacciones de los propios bancos afectados varían. Mientras algunos de ellos han alzado la voz, emitiendo comunicados a través de sus Gabinetes de Comunicación, otros han optado por la estrategia del silencio. Por su parte, Bank of America, emitió un comunicado afirmando que las entidades hipotecarias entendían perfectamente los riesgos asociados a este tipo de productos financieros, en línea con el Royal Bank of Scotland (Expansión). Por su parte, el banco de inversión italiano Mediobanca publicaba un comunicado manifestando que la noticia es “claramente negativa para los bancos involucrados, que probablemente tengan que tomar medidas adicionales y continuarán sufriendo daños de reputación”. Ni JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ni Morgan Stanley han comentado la noticia.
En un momento tan sensible para la banca como el actual, en el que su credibilidad está puesta en entredicho, una comunicación eficaz recobra más importancia que nunca. Si se opta por el silencio, otros tomarán la palabra. Poco antes de que fuese pública la interposición de la demanda, un portavoz de Deutsche Bank manifestaba que no iba a hacer comentarios sobre una demanda que no han visto y que todavía no ha sido interpuesta. La prudencia sí es aconsejable como también lo es “salir a la palestra” y evitar que otros se adelanten con comentarios y especulaciones, más aún ante un litigio como éste que pone en una situación delicada a la reputación de la banca.
La presentación de la demanda el pasado viernes ha provocado impactos en la cotización en bolsa de las entidades demandadas. Además de la incertidumbre en los mercados, los analistas se plantean si es conveniente y adecuado iniciar una batalla legal contra la banca o, por el contrario, se lograría un efecto contrario al deseado. Con una economía y un mercado de la vivienda vulnerable, donde la ayuda de la banca es un vehículo necesario para contener la degradación del sector inmobiliario y de otros sectores, los analistas ponen en duda la idoneidad de “atacar” a la banca, dejando entrever que, quizá, con el ataque a las entidades bancarias se da un paso atrás en la senda de la recuperación.
No resulta descabellado pensar que una acción similar pueda producirse en Europa y en España. Basta recordar la demanda interpuesta en marzo de 2011 por la OCU contra el BBVA y el Banco Popular por las cláusulas abusivas en sus contratos de hipotecas y cuentas corrientes o la demanda a finales de 2010 de Adicae contra 45 entidades bancarias por las cláusulas suelo.
Al daño que ha provocado la noticia con la bajada de cotización en las bolsas, habría que sumar el daño reputacional que está causando a la banca. Un daño que, en definitiva, podría multiplicarse exponencialmente en caso de que otros países optasen por emprender acciones legales similares a la de EE.UU.
María Álvarez Caro, Consultora Senior de Comunicación y Litigios de LLORENTE & CUENCA
La demanda multimillonaria interpuesta el pasado viernes por la Administración Obama, a través de la Agencia Federal de la Vivienda, no ha pasado desapercibida ni por la prensa económica internacional ni por los más prestigiosos analistas, teniendo en cuenta además que esta demanda se produce vísperas del aniversario de la caída del banco de inversión Lehman Brothers, hito que marcó un antes y un después en el mundo de las finanzas.
El organismo federal de la vivienda demandó el pasado viernes a Bank of America, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, HSBC, Citigroup y otras entidades y grandes grupos financieros (un total de 17 entidades, siete de ellas extranjeras) por provocar pérdidas de 41.000 millones de dólares a Freddie Mac y Fannie Mae, acusándoles de negligencia al calificar títulos hipotecarios y vender a estas entidades prestamistas hipotecas de dudosa calidad. La Administración Obama acusa a los bancos de faltar a su obligación de comprobar la calidad de los activos y, por tanto, de contribuir a inflar la burbuja inmobiliaria y provocar grandes pérdidas al contribuyente. De esta forma, Washington busca un reembolso para limitar las pérdidas al contribuyente.
No es la primera vez que EE.UU se embarca en una acción legal de esta índole. De hecho, se trata de una acción legal por la vía civil muy similar a la que en julio lanzó contra un grupo financiero suizo, en la que reclamaba 900 millones de dólares, anticipando ya el regulador que se seguirían demandas contra otros bancos.
En términos de comunicación, la noticia sobre este litigio ha generado impactos en toda la prensa nacional e internacional, generalista y económica (Expansión, Cinco Días, El País, The Wall Street Journal). Sin embargo, las reacciones de los propios bancos afectados varían. Mientras algunos de ellos han alzado la voz, emitiendo comunicados a través de sus Gabinetes de Comunicación, otros han optado por la estrategia del silencio. Por su parte, Bank of America, emitió un comunicado afirmando que las entidades hipotecarias entendían perfectamente los riesgos asociados a este tipo de productos financieros, en línea con el Royal Bank of Scotland (Expansión). Por su parte, el banco de inversión italiano Mediobanca publicaba un comunicado manifestando que la noticia es “claramente negativa para los bancos involucrados, que probablemente tengan que tomar medidas adicionales y continuarán sufriendo daños de reputación”. Ni JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ni Morgan Stanley han comentado la noticia.
En un momento tan sensible para la banca como el actual, en el que su credibilidad está puesta en entredicho, una comunicación eficaz recobra más importancia que nunca. Si se opta por el silencio, otros tomarán la palabra. Poco antes de que fuese pública la interposición de la demanda, un portavoz de Deutsche Bank manifestaba que no iba a hacer comentarios sobre una demanda que no han visto y que todavía no ha sido interpuesta. La prudencia sí es aconsejable como también lo es “salir a la palestra” y evitar que otros se adelanten con comentarios y especulaciones, más aún ante un litigio como éste que pone en una situación delicada a la reputación de la banca.
La presentación de la demanda el pasado viernes ha provocado impactos en la cotización en bolsa de las entidades demandadas. Además de la incertidumbre en los mercados, los analistas se plantean si es conveniente y adecuado iniciar una batalla legal contra la banca o, por el contrario, se lograría un efecto contrario al deseado. Con una economía y un mercado de la vivienda vulnerable, donde la ayuda de la banca es un vehículo necesario para contener la degradación del sector inmobiliario y de otros sectores, los analistas ponen en duda la idoneidad de “atacar” a la banca, dejando entrever que, quizá, con el ataque a las entidades bancarias se da un paso atrás en la senda de la recuperación.
No resulta descabellado pensar que una acción similar pueda producirse en Europa y en España. Basta recordar la demanda interpuesta en marzo de 2011 por la OCU contra el BBVA y el Banco Popular por las cláusulas abusivas en sus contratos de hipotecas y cuentas corrientes o la demanda a finales de 2010 de Adicae contra 45 entidades bancarias por las cláusulas suelo.
Al daño que ha provocado la noticia con la bajada de cotización en las bolsas, habría que sumar el daño reputacional que está causando a la banca. Un daño que, en definitiva, podría multiplicarse exponencialmente en caso de que otros países optasen por emprender acciones legales similares a la de EE.UU.
María Álvarez Caro, Consultora Senior de Comunicación y Litigios de LLORENTE & CUENCA
La demanda multimillonaria interpuesta el pasado viernes por la Administración Obama, a través de la Agencia Federal de la Vivienda, no ha pasado desapercibida ni por la prensa económica internacional ni por los más prestigiosos analistas, teniendo en cuenta además que esta demanda se produce vísperas del aniversario de la caída del banco de inversión Lehman Brothers, hito que marcó un antes y un después en el mundo de las finanzas.
El organismo federal de la vivienda demandó el pasado viernes a Bank of America, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, HSBC, Citigroup y otras entidades y grandes grupos financieros (un total de 17 entidades, siete de ellas extranjeras) por provocar pérdidas de 41.000 millones de dólares a Freddie Mac y Fannie Mae, acusándoles de negligencia al calificar títulos hipotecarios y vender a estas entidades prestamistas hipotecas de dudosa calidad. La Administración Obama acusa a los bancos de faltar a su obligación de comprobar la calidad de los activos y, por tanto, de contribuir a inflar la burbuja inmobiliaria y provocar grandes pérdidas al contribuyente. De esta forma, Washington busca un reembolso para limitar las pérdidas al contribuyente.
No es la primera vez que EE.UU se embarca en una acción legal de esta índole. De hecho, se trata de una acción legal por la vía civil muy similar a la que en julio lanzó contra un grupo financiero suizo, en la que reclamaba 900 millones de dólares, anticipando ya el regulador que se seguirían demandas contra otros bancos.
En términos de comunicación, la noticia sobre este litigio ha generado impactos en toda la prensa nacional e internacional, generalista y económica (Expansión, Cinco Días, El País, The Wall Street Journal). Sin embargo, las reacciones de los propios bancos afectados varían. Mientras algunos de ellos han alzado la voz, emitiendo comunicados a través de sus Gabinetes de Comunicación, otros han optado por la estrategia del silencio. Por su parte, Bank of America, emitió un comunicado afirmando que las entidades hipotecarias entendían perfectamente los riesgos asociados a este tipo de productos financieros, en línea con el Royal Bank of Scotland (Expansión). Por su parte, el banco de inversión italiano Mediobanca publicaba un comunicado manifestando que la noticia es “claramente negativa para los bancos involucrados, que probablemente tengan que tomar medidas adicionales y continuarán sufriendo daños de reputación”. Ni JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ni Morgan Stanley han comentado la noticia.
En un momento tan sensible para la banca como el actual, en el que su credibilidad está puesta en entredicho, una comunicación eficaz recobra más importancia que nunca. Si se opta por el silencio, otros tomarán la palabra. Poco antes de que fuese pública la interposición de la demanda, un portavoz de Deutsche Bank manifestaba que no iba a hacer comentarios sobre una demanda que no han visto y que todavía no ha sido interpuesta. La prudencia sí es aconsejable como también lo es “salir a la palestra” y evitar que otros se adelanten con comentarios y especulaciones, más aún ante un litigio como éste que pone en una situación delicada a la reputación de la banca.
La presentación de la demanda el pasado viernes ha provocado impactos en la cotización en bolsa de las entidades demandadas. Además de la incertidumbre en los mercados, los analistas se plantean si es conveniente y adecuado iniciar una batalla legal contra la banca o, por el contrario, se lograría un efecto contrario al deseado. Con una economía y un mercado de la vivienda vulnerable, donde la ayuda de la banca es un vehículo necesario para contener la degradación del sector inmobiliario y de otros sectores, los analistas ponen en duda la idoneidad de “atacar” a la banca, dejando entrever que, quizá, con el ataque a las entidades bancarias se da un paso atrás en la senda de la recuperación.
No resulta descabellado pensar que una acción similar pueda producirse en Europa y en España. Basta recordar la demanda interpuesta en marzo de 2011 por la OCU contra el BBVA y el Banco Popular por las cláusulas abusivas en sus contratos de hipotecas y cuentas corrientes o la demanda a finales de 2010 de Adicae contra 45 entidades bancarias por las cláusulas suelo.
Al daño que ha provocado la noticia con la bajada de cotización en las bolsas, habría que sumar el daño reputacional que está causando a la banca. Un daño que, en definitiva, podría multiplicarse exponencialmente en caso de que otros países optasen por emprender acciones legales similares a la de EE.UU.
María Álvarez Caro, Consultora Senior de Comunicación y Litigios de LLORENTE & CUENCA
